De la coartada de las pantallas a las trampas de la concertada y la gestión de Lakua: el día a día en un centro público contado desde dentro

Cada vez que arrecia la tormenta mediática sobre el fracaso escolar —ya sea con los resultados del Informe PISA o con cualquier diagnóstico de turno—, el guion se repite con una precisión milimétrica. Titulares alarmistas, tertulianos rasgándose las vestiduras y una conclusión rápida, cómoda y perfectamente empaquetada para el telediario: la culpa es de las pantallas. De los móviles. De los Chromebooks. Asunto resuelto.

Contado desde el corazón de un centro público, no niego en absoluto que el uso abusivo de los dispositivos plantee retos evidentes en la atención o en los hábitos de estudio de nuestro alumnado. Tienen su cuota de responsabilidad, sin duda. Sin embargo, convertirlas en el único culpable —tal y como se empeñan en hacer los medios y los discursos oficiales— es un ejercicio de prestidigitación interesada. Mirar a países como Estonia —líder europea indiscutible con aulas ultra-digitalizadas pero con un proyecto pedagógico coherente, equitativo y socialmente respaldado— demuestra que el problema no radica exclusivamente en el soporte. Las pantallas son un factor más, pero se han transformado en la coartada perfecta para no abrir los melones que de verdad queman en la escuela vasca.

El verdadero problema de nuestra educación no está en los cables, sino en los cimientos:

1. La segregación silenciosa y la doble vía de financiación de la concertada

El primer gran tabú es la composición real de nuestras aulas. En barrios densamente poblados y rodeados de centros concertados, la escuela pública se convierte en el destino casi sistemático de la vulnerabilidad socioeconómica y de la matrícula viva que llega a mitad de curso.

Sobre el papel, los decretos de admisión, la nueva Ley Vasca de Educación y las supuestas reservas de plazas prometen un reparto equilibrado de la diversidad y una gratuidad estricta. La realidad es mucho más cínica: en la inmensa mayoría de los centros concertados, diga lo que diga la ley, las familias siguen pagando cuotas mensuales bajo el disfraz de aportaciones a fundaciones, servicios complementarios o proyectos propios.

Esta práctica consolida una doble vía de financiación privilegiada: disfrutan del 100% de la subvención pública con cargo a los presupuestos de todos mientras mantienen un flujo constante de dinero privado aportado por las familias. Además de dotarles de recursos extraordinarios con los que la pública solo puede soñar, estas cuotas funcionan como un potentísimo filtro socioeconómico encubierto. A quien no puede pagarlas se le aplican sutiles mecanismos de disuasión o se le despacha con el socorrido «no nos quedan plazas disponibles».

La escuela pública, por mandato legal y convicción ética, ni cobra cuotas ni puede ni quiere cerrar la puerta a nadie. El resultado es demoledor: índices de vulnerabilidad disparados en el colegio público.

2. La inestabilidad de plantillas: empezar de cero cada septiembre

En un colegio con una realidad compleja, la continuidad del equipo humano representa el 80% del éxito educativo. Sin embargo, el sistema de provisión de puestos docentes —ciego, rígido y anclado en baremos puramente administrativos— impide consolidar cualquier proyecto a medio o largo plazo.

Aquellos profesionales que conectan con el alumnado y desean quedarse a menudo se ven forzados a marchar por falta de plaza definitiva, mientras otros repiten por mera inercia de antigüedad. Es especialmente sangrante en figuras estratégicas para la inclusión: no es admisible que un centro tenga que cambiar de consultor pedagógico (aholkularia) o de especialista de apoyo año tras año. Cada septiembre se pierden horas decisivas descifrando expedientes y dinámicas familiares que ya estaban trabajadas, en lugar de intervenir desde el primer día.

3. El timo de la reducción horaria: menos horas de clase, cero recursos de refuerzo

A toda la fragilidad organizativa se suma una de las mayores incongruencias de gestión que se viven en el día a día escolar: los nuevos ratios de dedicación docente.

Sobre el papel, se ha vendido como un gran avance laboral la reducción progresiva del horario lectivo del profesorado, pasando en apenas dos años de 23 a 21 horas semanales de docencia directa. Sin embargo, la Consejería de Educación ha decidido aplicar esta rebaja con un ejercicio de prestidigitación presupuestaria vergonzoso: han puesto remedios mínimos para suplir ese vacío en las aulas.

Las matemáticas son implacables. En un claustro de más de 35 docentes, recortar dos horas lectivas por cabeza supone perder de golpe más de 70 horas lectivas semanales de atención al alumnado. ¿Cómo ha respondido la administración a ese agujero? No ha adjudicado ni siquiera un tercio de jornada de profesorado adicional para cubrir el hueco generado. El mensaje implícito de Lakua a los centros es demoledor: haced encaje de bolillos, recortad desdobles, eliminad apoyos ordinarios y apañaos como podáis. Menos presencia docente en el aula para atender a la misma diversidad, pero vendiendo modernización y mejora de condiciones en la foto oficial.

4. La farsa de la LOMLOE: ni competencias ni disimulo

Nos han vendido la implantación de la LOMLOE como una revolución pedagógica basada en competencias, situaciones de aprendizaje y evaluación formativa. La realidad en muchos centros —con una fractura alarmante y flagrante al dar el salto a Secundaria— es que ya ni se molestan en disimular. Las competencias se aplican en mínimos testimoniales y apenas hay situaciones de aprendizaje reales.

Se sigue enseñando exactamente igual que hace cuatro décadas: pura transmisión de contenidos enciclopédicos, memorización al pie de la letra y el dictado del libro de texto de principio a fin. No es solo que cueste transicionar metodológicamente; es una resistencia frontal y abierta a cualquier enfoque que no sea la lección magistral tradicional y el examen como único filtro.

El síntoma más crudo y normalizado de este modelo decimonónico es toparse con alumnos suspendidos con un 4,93 en un examen único a final de trimestre. Se ignora por completo el trabajo diario, la progresión del chaval y el mandato legal de una evaluación continua y formativa basada en variedad de evidencias. Una práctica abiertamente irregular que se aplica a la luz del día en los claustros y que la Inspección educativa consiente de facto bajo el paraguas deformado de la «libertad de cátedra», mirando sistemáticamente hacia otro lado para evitar líos, recursos y fricciones con los departamentos.

5. Burocracia defensiva, bandejas de entrada colapsadas y familias hiperprotectoras

A todo este cóctel se suma la asfixia administrativa diaria. Gran parte del tiempo y de la energía mental del profesorado ya no se dedica a pensar actividades estimulantes ni a preparar material adaptado, sino a cumplimentar protocolos defensivos diseñados para blindar jurídicamente al centro ante posibles denuncias.

A este desgaste se añade el goteo incesante de la mensajería digital: horas y horas invertidas en responder correos electrónicos y mensajes que poco o nada tienen que ver con el progreso pedagógico del menor. Son comunicaciones que responden, en su inmensa mayoría, a las ansiedades, exigencias inmediatas y necesidades de control de los propios padres. El docente se ha convertido en un servicio de atención al cliente las veinticuatro horas, gestionando dudas triviales que los propios chavales deberían aprender a resolver por sí mismos en el aula.

Y es que el cambio en la cultura familiar es palpable: una fiscalización permanente de la labor docente, una alarmante falta de confianza en el criterio profesional de la escuela y una sobreprotección que anestesia cualquier resiliencia en los propios hijos. Alumnos con nula tolerancia a la frustración porque en casa se les allana cualquier obstáculo, respaldados por progenitores que cuestionan antes una mala nota o una amonestación que la actitud de sus hijos.

Menos mirar al dedo, más mirar a la luna

El debate educativo en Euskadi no se arregla prohibiendo o repartiendo pantallas. La tecnología juega su papel, pero el desastre de fondo es la hipocresía estructural:

  • La que tolera una concertada con doble vía de financiación (dinero público más cuotas familiares que actúan de filtro elitista) mientras la pública asume la vulnerabilidad sin recursos extra.
  • La que impide a los centros públicos fidelizar a sus mejores docentes y estabilizar a figuras clave como los consultores.
  • La que recorta dos horas lectivas por profesor para vender avances laborales, perdiendo más de 70 horas de docencia directa en un centro sin casi dotar ningún docente para cubrirlas.
  • La que predica innovación competencial mientras consiente que en Secundaria se apliquen mínimos testimoniales, anclados en la memorización pura, el libro de texto y el suspenso con decimales absurdos en exámenes únicos.
  • La que ahoga a los maestros en formularios y correos a la carta para calmar ansiedades familiares, mientras se desvanece el respeto social por su criterio.

No se trata de ignorar los retos que trae la digitalización, pero basta ya de señalar al móvil o al ordenador como el chivo expiatorio de todo lo que falla. Empecemos a mirar de frente las costuras rotas de un sistema que nadie en los despachos parece querer coser.